REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL ESTADO COLOMBIANO

La palabra tributo, data desde tiempos muy antiguos, su significado es, la cantidad de dinero o de bienes que una persona debe dar al Estado o Gobierno para el mantenimiento del gasto público, lo cual se convierte de una o de otra manera en una carga, por el hecho de usar o por disfrutar alguna cosa. En principio, al comenzar a existir las comunidades, se halló la necesidad de organizarse para mejorar y dirigir los asuntos de la misma, ciertamente los aspectos involucrados en la tributación, se remontan a la religión y luego a la guerra. Como uno de sus nombres lo indica, es una carga impuesta de manera involuntaria, pero obligatoria por parte de quienes se encuentren en el poder en su momento; otro de sus calificativos es el fisco, ya que son los bienes pertenecientes al Estado, cuando ya se los ha apropiado de parte de los ciudadanos, dependiendo del sistema de tributación utilizado en la nación; en éste orden de ideas, existe en Colombia entidades como la Fiscalía General, que garantiza la justicia y la verdad en el ámbito público; la Dirección de Impuestos con sus sistema denominado muisca que realiza la recaudación de quienes se encuentren obligados a contribuir; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que a su vez, debe elaborar y ejecutar el presupuesto nacional vigente para cada año siguiente;

el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes), cuya finalidad es crear las leyes que deben ir firmadas por el Presidente de turno; la Secretaría Distrital de Hacienda que a nivel de distrito, tiene como misión gestionar recursos económicos y distribuirlos de acuerdo al Plan de Desarrollo para la región y con un principio fiscal, que es la Sostenibilidad.

Desde el año 1.821, en Colombia ha habido más de (50) reformas tributarias, las cuales han tenido a la población de nuestro país, a la expectativa y sometidos a lo que el Estado quiera determinar y hacer con lo recaudado, tanto a las Empresas, como a los Emprendedores nacientes o personas naturales; la información en éste aspecto muy incompleta, empezando con las Cámara de Comercio, cuyos funcionarios algunas veces no tienen el tiempo de asesorar bien a las personas naturales que se dirigen allí a pedir guía y resultan enganchados, sin saber y entender en lo que están metiendo su cabeza, porque de ahí el siguiente paso es dirigirse a la Dirección de Impuestos, donde terminan quedando con un vínculo impositivo, ellas no saben en lo que se están involucrando y cuando ya entienden y se dan cuenta, es bien difícil poder librarse de ese sometimiento.

Nada más desde la publicación del decreto por el cual se reglamentó la contabilidad en el país con sus principios y normas, en el año 1.993, han transcurrido tres décadas con múltiples transformaciones, porque existen lo que se denominan leyes, reglamentos, decretos administrativos, resoluciones, circulares, normas aplicables, acuerdos, actos legislativos; que dependen de la circunstancia, de la instancia, de la autoridad competente que las expide, del poder público que las consigna (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) o de las autoridades eclesiásticas que se encuentren en cada patria, dependiendo del credo o culto que cada ciudadano profese.

De todas maneras, en todo reino o estado soberano, existe una Constitución Política, con sus reglas de convivencia, pactadas social y políticamente, en donde se fijan límites y se definen las relaciones entre los gobernantes y el pueblo, por lo que debe conocerse para saber los deberes y derechos humanos que se poseen como habitantes de cualquier lugar, ya sea que se encuentren en el extranjero o en su sitio de nacimiento. Y para control de los mismos países y su forma de ser gobernados, hay varios organismos de las Naciones Unidas, que vigilan los tratados internacionales de derechos humanos, como son diferentes Comités de acuerdo a cada tema en específico, Comisiones, Consejos, que poseen unos procedimientos especiales, firmados por cada nación y basados en la carta de la ONU, reunida en 2.006, con 47 países miembros, donde se comprometen a cumplir una serie de lineamientos en materia de Derechos Humanos para sus ciudadanos, lo cual permite ser supervisados en sus funciones, para validar el cumplimiento con dichos acuerdos. Inclusive desde el año 1.948 ya estaban ratificados los países miembros en ejecutar los principales tratados internacionales de derechos humanos.

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